En un giro legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una suspensión que detiene la distribución de libros de texto gratuitos.
Esta medida está vinculada a la admisión a trámite de la Controversia Constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua, bajo la dirección de María Eugenia Campos Galván del partido PAN.
El recurso, presentado por la Consejería Jurídica del gobierno chihuahuense la semana pasada, ha sido aceptado para su consideración por el ministro Luis María Aguilar Morales, según la información difundida a través de las listas de notificación de la SCJN.
La demanda interpela al tribunal máximo del país a examinar y, de ser necesario, ordenar la modificación de las bases con las cuales se elaboraron los contenidos de los libros de texto gratuitos. Esta responsabilidad recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
La SCJN ha hecho pública la aceptación del recurso en el cual se cuestionan las acciones llevadas a cabo tanto por la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, como por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, además de la Conaliteg.
En el acuerdo se establece: “se reconoce a la parte demandante con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda interpuesta, sin perjuicio de los motivos de inadmisibilidad que puedan surgir al momento de emitir el fallo”.
Además, se afirma “se otorga la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los fines especificados en este dictamen. La medida de suspensión surtirá efecto sin necesidad de presentar garantía y sin que esto impida la posibilidad de que pueda ser modificada o revocada por algún evento imprevisto”. En este contexto, la suspensión concedida busca asegurar que se realice una verificación que garantice que los libros estén redactados conforme a los planes y programas de estudio establecidos.
