El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer una acusación en la que se señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestamente haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Según el documento, el propósito de dichos encuentros habría sido asegurar el apoyo del Cártel de Sinaloa durante el proceso electoral.
De acuerdo con la información presentada, este respaldo presuntamente incluyó acciones como intimidación a contendientes políticos y la sustracción de boletas. Asimismo, se indica que Enrique Díaz Vega habría colaborado proporcionando datos sobre adversarios para facilitar presiones.
La acusación también sostiene que Rocha Moya habría mantenido diversos contactos con integrantes del crimen organizado tanto antes como después de asumir el cargo, además de permitir la operación del grupo conocido como “Los Chapitos” sin intervención.
Tras las elecciones, se menciona que el mandatario estatal y Enrique Inzunza habrían sostenido reuniones con miembros de este grupo para, presuntamente, cederles control sobre la Policía Estatal.
En el expediente aparecen otros nombres, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez; el ex subprocurador Dámaso Castro Saavedra; el ex jefe de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés, así como su sucesor, Alfredo Jorge Contreras Núñez.
También se incluye al ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez; a José Antonio Dionisio Hipólito; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y a Juan Valenzuela Millán.
Uno de los señalamientos más graves apunta a Valenzuela Millán, quien habría participado en el secuestro de un informante de la DEA en octubre de 2023, posteriormente asesinado junto con familiares. El documento señala que el ex mando policial habría recibido pagos mensuales de hasta 41 mil dólares por parte del grupo delictivo.
Asimismo, se indica que Inzunza Cázarez habría asistido a reuniones posteriores a la elección de 2021 con Rocha Moya y miembros de “Los Chapitos”, en las que presuntamente se acordó el control de corporaciones de seguridad estatal.
El expediente también menciona supuestos pagos periódicos a funcionarios de seguridad y procuración de justicia, que irían de 30 mil a 300 mil pesos, además de sobornos a altos mandos que podrían alcanzar los 100 mil dólares mensuales.
Esta acusación forma parte de una actualización presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, correspondiente al caso 1:23-cr-00180, que representa la novena ampliación de un proceso iniciado en abril de 2023 contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros presuntos implicados por delitos como narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas.
Las autoridades estadounidenses añadieron también a otros presuntos operadores, como Óscar Noé Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas, junto con más personas vinculadas a esta estructura criminal.
Hasta ahora, ninguno de los señalados ha sido declarado culpable, por lo que se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia.
