César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, podría enfrentar una pena de prisión de hasta 22 años y seis meses si es declarado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero, por el cual fue detenido el lunes en Chihuahua capital.
De acuerdo con el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita contempla una pena base de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa. Sin embargo, el artículo 400 Bis 1 establece que estas penas se duplicarán cuando la conducta sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos.
La agravante también aplica para ex servidores públicos que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a la terminación de su encargo, lo que podría ser el caso del exmandatario estatal.
Las conductas tipificadas
El Código Penal Federal establece dos tipos de conductas que configuran el delito de lavado de dinero. La primera contempla adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
La segunda conducta tipificada es ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Inhabilitación adicional
Además de la pena de prisión, la legislación contempla que se impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la condena.
La Fiscalía General de la República acusa a Duarte de un esquema de lavado de dinero para ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, que involucra al Sistema Financiero Mexicano.
La defensa del exgobernador sostiene que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya está siendo procesado en Chihuahua en la carpeta de investigación 3041, y argumenta que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos prohíbe juzgar a una persona extraditada por delitos distintos a aquellos por los que fue entregada.
Duarte fue presentado este martes ante la jueza María Jazmín Ambriz López en el Penal del Altiplano, donde se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El exmandatario fue extraditado de Estados Unidos en 2020 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa relacionados con el desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016.
