En menos de una semana se reportaron los feminicidios de tres jóvenes embarazadas en el país. Se trata de Rosa Isela, Ana Lilia y Martha Aurora. En el caso de Rosa Isela, salió de su hogar para recoger una donación de ropa. Su cuerpo fue encontrado después y su bebé nonato fue sustraído. 

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncia que los casos evidencian un modo de operación de redes criminales, pero que las autoridades se niegan a realizar las investigaciones correspondientes. 

“El problema es que si no se hacen bien las investigaciones nunca vamos a poder desactivar este tipo de eslabones complejos de cómo opera hoy la criminalidad en México y que está poniendo en riesgo a las mujeres… Para empezar, las autoridades dudan que sean feminicidios”, dice en entrevista María de la Luz Estrada, integrante del OCNF. 

De acuerdo con Estrada, además de la falta de investigaciones, un problema radica en que las autoridades federales no tienen un registro oficial de cuántas mujeres embarazadas han sido asesinadas.

El observatorio ha registrado más de 15 casos en los últimos cuatros años con el mismo patrón. Las activistas hacen el registro de manera manual, gracias a las publicaciones periodísticas sobre los casos. 

Los estados con registro son Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Estado de México. 

Estrada advierte que detrás de estos crímenes puede no solo haber feminicidios, sino también trata de niños, en un esquema en el que los bebés son sustraídos de sus madres para una red de adopciones ilegales. “Hay un modus operandi y hay un patrón que tú ves claramente en todos los casos”, enfatiza.