Alberto Domingo Maldonado Martínez.

Mis estimados lectores, después de un obligado descanso por cuestiones de salud, rematamos la pluma y el tintero.

Hablaremos sobre las órdenes de aprehensión, tema que trasciende a uno de los derechos humanos más importantes: la libertad.

Ha suido siempre un típico de interés para la sociedad y retomado estos últimos días por los hechos sucedidos en una institución de salud y que son del conocimiento pleno de la población.

Genéricamente podemos definir a la orden de aprehensión como la Solicitud que efectúa el Ministerio Público al Juez de Control (materia penal) para la detención de una persona cuando: existen datos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad o participación en la comisión de un delito,  se resiste a comparecer ante la autoridad judicial, o se ha sustraído de la acción de la justicia. Dicha figura se encuentra prevista en el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución el cual establece que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un delito, sancionado con privación de libertad y elementos que establezcan que se ha cometido ese hecho, así como la existencia de la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Su objetivo es poner a la persona detenida a disposición del Juez de Control, para que el Ministerio Público le formule la imputación (aquello de lo que se le acusa) y exprese los datos de prueba para que se dicte el auto de vinculación a proceso y se formalice la investigación del delito.

Ahora bien, respecto al amparo contra una orden de aprehensión, las personas suelen confundirlo como un medio para evadir la ley, sin embargo, se trata de  proteger los derechos de una persona cuando son violentados por alguna autoridad.

En este sentido, el amparo no solo implica hacer un escrito, sino que, el abogado debe estudiar en cada caso cuál es la posible violación a los derechos humanos que reciente una persona

Con este tipo de demandas de amparo, se puede averiguar si existe alguna autoridad que hubiere ordenado la captura de una persona como presunto responsable de un delito y su finalidad es suspender la captura por parte de la policía investigadora, e inclusive invalidar la orden respectiva.

Cabe aclarar que no basta con la sola interposición de la demanda de amparo para el cese de una orden de aprehensión o para que no se ejecute, sino que, hay que esperar las decisiones que tome el juez federal, respecto del trámite del juicio de amparo, y en su caso, inconformarse mediante queja o revisión contra las resoluciones que estimemos contrarias a la ley y derechos humanos. El Juez que debe resolver el amparo, procede conforme a derecho si analiza y valoriza todas aquellas constancias que le sometieron las partes a su conocimiento para justificar, o no, la legalidad de la orden de aprehensión, pues sólo de ese estudio podrá concluir si el referido mandamiento está debidamente ordenado. Siendo necesario precisar que Juez del proceso no está obligado a practicar diligencias para obtener la plena comprobación del acto criminal y la responsabilidad de los probables responsables, sino que debe examinar todas las actuaciones practicadas en una averiguación y concluir con la procedencia del amparo contra una orden de aprehensión, si de ese análisis deriva datos que demuestran la ilegalidad del pedimento del Ministerio Público.

En conclusión, un amparo contra una orden de aprehensión tiene el valor intrínseco de la libertad de una persona, pero el valor monetario que cobre el profesionista en derecho puede variar dependiendo del tipo de delito, su pena, o si se busca únicamente obtener la suspensión del acto como un medio de defensa para presentarse en el proceso penal sin ser detenido

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