El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y el titular de la Comisión de Justicia, Rafael Espino de la Peña, refrendaron el compromiso del Senado para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, “un cuerpo normativo único que sea útil a la gente”, con reglas, plazos, términos y criterios claros para la solución de conflictos cotidianos.

Los senadores participaron en el foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, que se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz. Ahí, Monreal Ávila reiteró que éste será uno de los primeros temas que se aborden en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia el 1 de septiembre.

Señaló que el sistema de justicia civil y familiar es obsoleto, ya no se aplica a la realidad actual y, ante los ojos del ciudadano, es “lento, incierto, muchas veces discriminatorio, sumamente complicado y oneroso”, sobre todo para quienes tienen pocas posibilidades de costear un juicio a través de abogados.

Por eso, presentó una iniciativa para expedir un Código Nacional que no sólo tome en cuenta los derechos humanos de las personas, es decir, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica, sino la aplicación de procedimientos jurídicos ágiles, útiles y honestos, que permitan resolver los conflictos con celeridad para quienes acuden a los tribunales en búsqueda de justicia.

Explicó que el proyecto consta de 894 artículos, distribuidos en 11 libros, y se deriva de la reforma constitucional que fue publicada desde el 15 de septiembre del 2017, sobre justicia cotidiana.

La iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en diciembre de 2021, ahora se analiza en una serie de foros en los que participan los actores que operarán este nuevo ordenamiento, académicos, especialistas en derecho civil, procesal y familiar, así como investigadores, intelectuales, luchadores sociales y colectivos de mujeres.

Se trata, enfatizó, de discutir, deliberar y recibir propuestas para enriquecer o modificar los artículos planteados. Ricardo Monreal subrayó que se requieren reglas, plazos, términos, criterios y sentencias claras, pues actualmente éstos son contradictorios.

“Es importante, lo queremos aprobar en el mes de septiembre. Aquí están senadores y diputados, que haremos juntos trabajo de conferencia para que tengamos rápido el proyecto definitivo y aprobarlo”, concluyó.

Por su parte, Espino de la Peña aseveró que actualmente los procedimientos jurídicos son complejos para la ciudadanía; además propician la exclusión y aumentan los costos para quien intenta acudir a los tribunales.

“La gente tiene poca confianza en sus instituciones de justicia y no encuentra incentivos para acudir a ellas, cuando en muchos casos o en la gran mayoría, los resultados no son los esperados”.

De ahí que, con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se busca superar estas dificultades, es decir, unificar y armonizar -en un solo instrumento que sea de observancia general en toda la República-, los criterios y los procedimientos en materia civil y familiar, para que todas las personas, sin importar donde se encuentren, tengan la misma experiencia de justicia.

El legislador de Morena expuso que lo que se pretende es aprovechar las ventajas de los juicios orales en la materia penal, lo que permitirá un ahorro significativo de recursos.

“Desde el Poder Legislativo, diputados y senadores queremos mejorar la vida de todos los mexicanos garantizando sus derechos, sin distinción, impulsando leyes con espíritu de integración social”.

Entre otros puntos, el senador explicó que también se impulsan los medios alternativos de solución de conflictos, para disminuir costos y agilizar los procesos, así como fomentar el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de mejorar los mecanismos de acceso a la justicia.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, indicó que este nuevo instrumento legal sustituiría la norma vigente, misma que data de 1943, es decir, dijo, nuestro actual Código tiene más de 73 años.

De ahí la necesidad y urgencia de tener un ordenamiento actualizado a la realidad y a la vida cotidiana de lo que estamos viviendo, refirió.

“Su expedición obedece a la reforma constitucional de 2017, la cual facultó al Congreso de la Unión a expedir un Código para homologar los procedimientos en uno solo, a fin de simplificar los procedimientos y evitar problemas innecesarios por la multiplicidad de códigos en México”, subrayó.

Rosales San Román detalló que este Parlamento Abierto se realizará en el país, para escuchar todas las voces, con el propósito de construir un producto legislativo legitimado por los juzgadores, por los operadores del derecho, pero, sobre todo, para apoyar a las familias que están a la espera de que se les haga justicia, porque actualmente los procedimientos son largos y desgastantes tanto económico como emocionalmente.

Adelantó que en los próximos días se realizarán foros en Michoacán, Chihuahua y Puebla, con el objetivo de recoger de especialistas, expertos y de la sociedad civil, los principales temas de preocupación para, posteriormente, llevarlos a mesas técnicas para trabajar en la redacción del nuevo Código.

Beatriz Enríquez Hernández, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, refirió que con este tipo de foros se construye un nuevo instrumento que beneficiará a las familias mexicanas.