La Ley de Planeación estatal define la ‘Planeación para el Desarrollo’ como “la ordenación racional y sistemática de las acciones de las diversas instancias de gobierno con la participación de los sectores social y privado, a fin de elevar la calidad de vida de su población”.

Además, se precisa que corresponde al titular del Poder Ejecutivo la conducción de “la planeación estatal para el desarrollo con la participación democrática de los sectores social y privado, mediante los mecanismos de coordinación, concertación e inducción…”

En el PED 2022-2027 se precisa que la actual administración estatal “tiene su principal motor y característica en ser fundamentalmente humanista. El bienestar de los chihuahuenses y su próspero desarrollo debe ser (¿será?) un faro que guíe el diseño e implementación de las políticas públicas dirigidas a disminuir las brechas de desigualdad que imperan”.

Lo anterior, toda vez que el actual gobierno estatal asume el compromiso de “impulsar una fuerte participación ciudadana con el fin de contar con una sociedad informada, exigente, propositiva y comprometida en el logro de los objetivos planteados en el Plan”.

En cuanto a la precaria existencia de recursos acuíferos en el Estado, Maru Campos afirma que “el reto más grande que vive el estado es la falta de agua. Si no actuamos oportunamente, el servicio hídrico, vital para todas las familias y para las principales actividades comerciales del estado, se verá comprometido en los próximos años.

En consecuencia, resulta urgente “implementar la política pública establecida en el Plan Estatal Hídrico 2040 con miras a la sustentabilidad a largo plazo. La clave es el cuidado en el uso y manejo del agua, entenderlo como un fenómeno complejo que implica condiciones culturales, de infraestructura, de procesos y rutinas económicas, políticas y sociales…”

Para tal efecto, en días pasados, se realizó el ‘Foro de Gobernanza Hídrica de Chihuahua 2022’; en el cual, se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo Consejo Estatal Hídrico de Chihuahua, cuyo objetivo será “la actualización del Plan Estatal Hídrico 2040… para garantizar la seguridad hídrica del Estado de Chihuahua”.

En dicho evento, se dio a conocer que es primordial para el gobierno estatal “mantener la participación ciudadana para lograr un equilibrio en materia de Gobernanza y en este caso, en un tema tan importante como los recursos hídricos… (ya que) la Gobernadora se encuentra convencida de que una nueva cultura del agua hará que todos usemos con mayor responsabilidad el líquido vital”.

En lo que respecta a la problemática hídrica estatal, se tienen identificados cinco grandes problemas: a) Déficit en acuíferos; b) Ineficiente uso del agua en la agricultura; c) Deficientes servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; d) Deficiente gobernanza y gobernabilidad; y e) Riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Sin duda alguna, esta grave y añeja problemática hídrica es fruto de la inexistencia de una política ambiental transexenal. Lo que acredita que a los últimos tres gobernadores no les importó el paulatino deterioro de la calidad de vida de los chihuahuenses.

En cuanto al deficiente servicio de agua potable en las manchas urbanas más pobladas del Estado (Juárez y Chihuahua), a pesar de que su población es superior al 60% de la población estatal, la discrecional aprobación de fraccionamientos no exige que la instalación de la red de distribución de agua para consumo humano, evite las cotidianas fugas de agua.

Yo me pregunto: ¿Quién podría negar que la autorización de fraccionamientos urbanos no está sujeta a mezquinos intereses financieros, solapados por los gobiernos municipales en turno?

Por mi parte, como activista ambiental, dudo que el nuevo Consejo Estatal Hídrico cumpla su objetivo de garantizar la seguridad hídrica del Estado; mucho menos, que se le permita una participación activa e incluyente a la sociedad chihuahuense. Estaremos atentos…