ACUERDO

UNICO.- al Gobernador del Estado Javier Corral Jurado para que exija se acaten en sus términos los principios constitucionales de transición energética que se deducen de lo ordenado por el Constituyente Permanente Federal en los artículos transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, a fin de cumplir con las metas contenidas en los planes y estrategias derivados de la Ley de Transición Energética y Ley General del Cambio Climático y por tanto en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad que prevén los artículo 59, 60 y demás relativos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impugne la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que presentó como iniciativa preferente el Presidente de la República, publicada en el Diario oficial dela Federación el 9 de marzo de 2021, a fin de evitar el desplazamiento de la producción de energías limpias.

La llamada reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto constituyó un cambio importante en el sector energético de nuestro país, sin privatizar las empresas públicas dedicadas a los hidrocarburos y a la electricidad y manteniendo la rectoría del Estado se buscó modernizar el sector, dando intervención a la inversión privada y creando obligaciones claras y precisas para la transición energética a nuevos tipos de energía de las denominadas “limpias”.  

La “Reforma Energética” planteó los siguientes objetivos fundamentales:

  • Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.
  • Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como Empresas Productivas del Estado 100% mexicanas.
  • Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas.
  • Permitir que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del sistema eléctrico nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la luz.
  • Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.
  • Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios.
  • Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro, transparencia y rendición de cuentas.
  • Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético.
  • Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras.
  • Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y proteger al medio ambiente.