El Congreso del Estado de Chihuahua, aprobó en Sesión Ordinaria realizada de manera remota y/o virtual, el dictamen que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, se expidan las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Lo anterior, fue presentado ante el pleno por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz, integrante de la Comisión de Salud, quien determinó dentro de las consideraciones, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce los derechos humanos y obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme con lo que establece el Artículo Primero Constitucional.
En este sentido, dijo que en el párrafo cuarto del Artículo Cuarto Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho que es fundamental para todo ser humano y cuyo goce, no solo lo beneficia en su calidad de vida como individuo, sino como parte de la población.
Recordó que por primera vez en la historia mexicana, existió un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud. En su fase piloto, el Seguro Popular fue capaz de afiliar a más de un millón de personas entre 2001 y 2003; en febrero de 2005 se había logrado incorporar ya a 31 estados, y en tal virtud, cada Estado tuvo la posibilidad de agregar intervenciones al paquete de acuerdo a su conveniencia y capacidad financiera.
“Ahora bien, el 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por medio del cual se crea el INSABI como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud, y que tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y con ello, se reconfiguro lo que anteriormente se conocía como el Seguro Popular”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que a la fecha, aún no se define el financiamiento de infraestructura para la salud, y tampoco se han establecido las reglas de operación correspondientes a la prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos, tratamientos y demás insumos, así como otros aspectos de suma relevancia.
“Aún existe incertidumbre en cuanto a la operatividad e implementación de las reglas de operación, y no únicamente en los derechohabientes del recién creado Instituto, sino también en el personal médico y administrativo de los diversos hospitales, generando confusión y sobre todo, el inasequible acceso a los diversos servicios de salud, por parte de la ciudadanía”, concluyó.
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