La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que con el aumento del 15 por ciento al salario mínimo se abre el riesgo a que 700 mil empresas cierren en los próximos tres meses y, por consiguiente, haya un aumento en el desempleo.

Este miércoles, con el voto en contra de los representantes de los organismos empresariales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó aumentar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

“Con la falta de apoyos gubernamentales y ahora un incremento irracional al salario mínimo, sin gradualidad ni lógica, se agrava el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses”, alertó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

“Con la determinación impuesta, se arroja a millones de microempresarios toda la carga del incremento, por lo que combinado con la aceleración de los contagios por la pandemia Covid-19 y el consecuente cierre de operaciones de más empresas, es inminente la quiebra de miles de negocios y la pérdida de todavía más fuentes de trabajo”, añadió.

La propuesta del sindicato patronal era un nivel máximo de 135.83 pesos como resultado de un incremento porcentual de cuatro por ciento a razón del repunte de la inflación en el año, más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 7.39 pesos.

Si el Gobierno federal desea que el salario mínimo general alcance los 142.25 pesos, la Coparmex le propuso que hubiera una aportación gubernamental de 6.42 pesos para cada trabajador, una Aportación Gubernamental Extraordinaria por Covid-19 (AGEC), planteamiento rechazado.

“Eso implicaba un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad. Sin embargo, el Gobierno federal no quiso poner nada. Tal y como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, el presidente de la República no accedió a realizar aportación alguna para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y preservar los empleos”, señaló el líder empresarial en el posicionamiento del organismo. 

De Hoyos recordó que la crisis del coronavirus ha cobrado de marzo a julio la pérdida de un millón 117 mil 584 empleos formales y, según datos del Inegi, han desaparecido un millón 10 mil 857 micro, pequeñas y medianas empresas.

“La meta de la Nueva Cultura Salarial no ha perdido vigencia, pero ante la severa crisis actual exigimos prudencia y altura de miras. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica. El resultado podría ser la pérdida de más empleos”, enfatizó.

Por su parte, el CCE aseguró que están “dispuestos a un incremento que sea razonable y esté en línea con la realidad económica actual del país. Pero un incremento como el que se propone no solo complicaría la generación de esos nuevos empleos, sino que pondría en riesgo incluso la preservación de los empleos actuales”.

El CCE reiteró la posición del gremio de que bajo las condiciones actuales y por las razones expuestas, el incremento a los salarios mínimos generales para la Zona Libre de la Frontera Norte debería ser de 4 por ciento como fijación sin incluir cantidad por concepto de MIR y para el resto del país de 4 por ciento como fijación más $7.20 pesos por concepto de MIR, es decir, el equivalente al 10 por ciento.