Durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los Organismos Públicos registraron 140 mil 486 casos posiblemente violatorios de derechos humanos.

De acuerdo con los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos Federal y Estatal (CNDHF-E), de esta cifra, cinco mil 551 corresponden a detenciones arbitrarias, cinco mil 12 a tratos crueles inhumanos o degradantes, dos mil 143 a hechos de tortura, 281 a desaparición forzada, 68 a ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y 22 a hechos por tolerancia u omisión de la autoridad para la protección contra la trata de personas o explotación con fines sexuales.

El estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dado a conocer señala que 53.4 por ciento de las víctimas fueron hombres y 43.5 por ciento eran mujeres. No se tiene información sobre el sexo de las víctimas restantes.

De las más de 140 mil quejas, la CNDH y los Organismos Públicos de Derechos Humanos emitieron mil 710 recomendaciones durante 2019. Además se sancionaron a 786 servidores públicos. De acuerdo con el tipo de sanción, destaca que a 49.8 por ciento sólo se les castigó con un apercibimiento o amonestación.

En cuanto a la procedencia de los servidores públicos sancionados por estos organismos, casi la mitad (48.7 por ciento) provenía de una institución encargada de la seguridad pública. En lo que respecta a los servidores públicos sancionados por la CNDH, 34.7 por ciento estaba adscrito a fiscalías y procuradurías de justicia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es otra de las instituciones más observadas, agrupando el 19.4 por ciento de las sanciones. Asimismo, los gobernadores concentran el 16.7 por ciento.