ntegrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Poder Legislativo de Chihuahua, a efecto de que se etiqueten 100 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, para el desarrollo de programas integrales que atiendan las causas que detonan la violencia, las adicciones y el abandono de la educación.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Gustavo De La Rosa Hickerson de MORENA y quien determinó que estas problemáticas señaladas deberán de atacarse en tempranas edades, mismo que se distribuyan entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación y Deporte, así como el DIF Estatal, para su atención.
“Durante toda mi vida profesional como abogado, siempre he estado inclinado por los jóvenes en situación de riesgo de pandillerismo, lo que me ha llevado a hacer diferentes alianzas con organizaciones y asociaciones civiles en diferentes causas que hemos emprendido, siempre con el propósito de crear programas y estrategias que permitan a esas organizaciones y a las diferentes dependencias en buscar que los jóvenes, juarenses y de todo el estado, tengan oportunidades de construir una vida digna para ellos y sus familias”, inició el diputado en su exposición de motivos.
Dijo que la juventud se construye en el encuentro con lo público, en la diferenciación de sus prácticas con otros grupos de edad, y bajo ese enfoque, las organizaciones de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia en el tema, participantes de esta iniciativa, han promovido programas y proyectos hacia las juventudes con factores de riesgo graves para la prevención y atención de las adicciones, la prevención de la violencia y la reinserción social – educativa.
Reiteró que a pesar de las complicaciones de la Contingencia Sanitaria por el COVID-19, los programas señalados son de éxito y que en la actualidad, se atienden aproximadamente a 3 mil 560 adolescentes y jóvenes de la entidad.
Comentó que las personas usuarias de estos programas y/o modelos de intervención, son jóvenes (mujeres y hombres) entre los 12 y los 29 años, algunos de los cuales presentan por lo menos tres de los siguientes indicadores de riesgo: consumo de drogas, pobreza extrema, cercanía a redes delictivas, relaciones familiares y redes de apoyo inestables o conflictivas, embarazos a temprana edad, violencia de género, en conflicto con la ley, exposición a la violencia.
“Etiquetar recursos para el desarrollo de programas que ofrezcan oportunidades para esta población tiene como sustento las siguientes consideraciones: hablar de educación, implica a hablar de los derechos humanos; es decir, si se incluyen en los programas y políticas públicas dirigidas para que la infancia y juventud cursen y concluyan su educación básica y media superior. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, corresponde al objetivo 4 relativo a una educación de calidad que establecen los objetivos de desarrollo sostenible 2030 del cuál México forma parte”, concretó.
Por último, puntualizó que la deserción escolar temprana, acelera los procesos de exclusión social y exposición a situaciones de riesgo. Precarizan las experiencias de vida y producen un empobrecimiento cultural, afectaciones en las formas de relacionarse, problemas de aprendizaje y ausencia de estructuras de vida (alimentación deficiente, poca capacidad para seguir instrucciones, dificultad para tener un horario, poca motivación al logro, falta de voluntad para esforzarse por algo, etc.) lo que hace difícil la inserción educativa y laboral de estas poblaciones.
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