La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofeceadvirtió que habrán sanciones si los productores de tortilla acuerdan aumentar el precio del kilogramo de ese alimento.

Ese amago va directamente sobre el Consejo Nacional de la Tortilla en el Estado de México, así como a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, pues se sabe que podría existir un aumento consensuado en el precio del producto.

Ese amago va directamente sobre el Consejo Nacional de la Tortilla en el Estado de México, así como a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, pues se sabe que podría existir un aumento consensuado en el precio del producto.

La Cofece, que encabeza Alejandra Palacios, señaló que la autoridad investigadora remitió apercibimientos a los dirigentes de dichas asociaciones para que eviten recomendar aumentos de precios.

Asimismo, les sugirió fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización de precios de venta de manera libre.”Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir, cuando exista un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla, la decisión de aumentar o no el precio, debe ser de cada tortillería, ya que de hacerlo de manera coordinada con sus agremiados, implicaría violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”Recomendamos:

El apercibimiento tiene lugar luego de que en una entrevista, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, dijo que a partir del 1 de diciembre subiría el precio a un peso por cada kilogramo, acción que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dijo que no es posible.

La Cofece indicó que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, las cuales pueden ser sujetas a sanciones.

Advirtió que pueden haber multas de 10 por ciento de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes del acuerdo, que se sancionaría con cinco a 10 años de prisión y multas de entre 86 mil 880 hasta 868 mil 800 pesos.

De cuerdo con el organismo regulador, si los agentes económicos participaron en dichos acuerdos pueden adherirse al Programa de Inmunidad, bajo el cual sí serán sancionados, pero serán menores por cooperar al aportar información para establecer prácticas monopólicas.