Con el aval de la mayor parte de la oposición, el Senado de la República aprobó esta noche la reforma al poder judicial que eleva a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de control constitucional y avanza a la erradicación del nepotismo y la corrupción entre jueces, magistrados y ministros.

La reforma se aprobó en lo general con 83 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones, ya que PRI, PRD y la mayoría de los panistas, que hasta un día antes se habían manifestado en contra, se sumaron a Morena y sus aliados, para lograr la mayoría calificada necesaria.

Ello, entre críticas de MC y de tres legisladores de Acción Nacional, que deploraron en tribuna que se hubiera roto el bloque opositor y acusaron presiones y cabildeos de gobernadores y de la Suprema Corte para avalar esa modificación a seis artículos de la Constitución.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la reforma no es suficiente, pero es un avance importante para lograr los cambios trascendentales que se requieren en el ámbito judicial, pero rechazó que se haya otorgado un exceso de control al presidente de la Suprema Corte o que se provoque un desequilibrio de poderes, como lo señalaron el coordinador de MC, Dante Delgado, otros integrantes de esa bancada e incluso el Morenista Germán Martínez.

El ex director del IMSS presentó votó en contra y desde el pleno denunció que la reforma da exceso de poderes al presidente de la Suprema Corte, autor de la iniciativa que presentó el presidente de la república, además de que no acaba con las redes de complicidad y corrupción que persisten al interior del poder judicial.

Monreal respondió desde el pleno que debe tomarse en cuenta que es una reforma al interior del poder judicial, que no implica empoderamiento alguno del titular de la Suprema Corte y lo siguiente es “la reforma hacia afuera, porque quedan intactas las redes institucionales de complicidad, de tráfico de influencias, así como los salarios de los magistrados y ministros, que están colocados en un estatus por encima de los funcionarios del ejecutivo y legislativo”.

Rechazó también los señalamientos del panista Damián Zepeda y del coordinador de MC, Dante Delgado, en el sentido de que la reforma al artículo 105 Constitucional quita a los municipios la posibilidad de presentar controversias constitucionales.

“No se elimina ni desaparece”, se dispone que las controversias constitucionales únicamente podrán hacerse valer por violaciones a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales”.

El senador Martínez advirtió que no es la reforma que el presidente López Obrador habría deseado y adelantó que acudirá al Relator de la ONU para la Independencia de Magistrados y a la Barra de Abogados, “sobre lo que se me pidió y se me prohibió “ en este proceso legislativo.