El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua, para que se realice de manera urgente una inspección técnica a las instalaciones de las Presas La Boquilla, la Luis L. León (El Granero) y la Francisco I. Madero (Las Vírgenes), para efectos de corroborar las condiciones en que se encuentra, y valorar el daño sufrido con la reciente extracción.
El diputado Humberto Chávez Herrera, presidente de la Comisión del Agua, señaló que aunado a lo anterior, se solicitó también, determinar los volúmenes de agua con el que cuentan las presas mencionadas, ya que los datos otorgados el pasado 11 de noviembre del año en curos, son erróneos, y para realizar las mediciones, es necesario el cierre de válvulas de las tres presas de la cuenca del Conchos, hasta en tanto se haya realizado la revisión y se emita el dictamen técnico correspondiente.
Según los datos plasmados erróneamente en la página de la Comisión Nacional del Agua, la Presa la Boquilla, cuenta con un almacenamiento de 903.839 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 31 por ciento; la Presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) cuenta con un almacenamiento de 62.109 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 17 por ciento, lo cual es a todas luces falto de verdad, y la Presa Luis L. León (El Granero), tiene un almacenamiento de 118.664 hectómetros cúbicos, con un porcentaje de llenado respecto al Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) del 41 por ciento.
Es por lo ya mencionado y dada la insistencia de la autoridad federal por vaciar las presas de la Entidad, mismas que sirven para el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias de las regiones en las que tienen impacto directo como indirecto, así como la dotación de agua potable para algunas ciudades y comunidades rurales, es que de nueva cuenta se requiere la intervención de este Poder Legislativo, en defensa de los derechos de los habitantes del Estado, para garantizar su derecho humano al acceso del agua, consagrado en nuestra Carta Magna y en Instrumentos Internacionales, finalizó el Legislador.